Se conoce internacionalmente como la Primavera Negra (Black Spring) en Cuba, a la ola de arrestos y severas sanciones impuestas por los tribunales revolucionarios a opositores al régimen castrista, a supuestos delincuentes comunes y ejecuciones sumarias de secuestradores de embarcaciones, durante el mes de marzo de 2003, coincidiendo con el equinoccio primaveral. Fruto de estas detenciones y sumarísimos juicios surgió el Grupo de los 75 prisioneros de conciencia, así como sus esposas y familiares formaron Las Damas de Blanco, caracterizadas por su vestuario blanco y sus habituales marchas a templos católicos para reivindicar sus demandas, comenzando por la liberación de sus esposos. Sin embargo las detenciones fueron más allá de los 75 presos políticos, al incluir a Orlando Zapata Tamayo, posteriormente fallecido en huelga de hambre y otros tres disidentes que fueron sancionados al año siguiente por delitos comunes, pero fueron incluidos por Amnistía Internacional como parte de los arrestos de la Primavera Negra. También a principios de abril de 2003, coincidiendo con los juicios al Grupo de los 75, se produjo el secuestro de la lancha Baraguá en La Bahía de La Habana y sus 11 autores fueron sancionados sumariamente, tres de ellos a la pena de muerte, la cual fue ejecutada el 11 de abril, 9 días después de los hechos, en una farsa jurídica sin precedente en el mundo civilizado occidental.
Volviendo a la redada de los 75, como todas las cosas importantes en la Cuba de la época, fue dispuesta personalmente por Fidel Castro aprovechando el interés de la opinión pública mundial en la guerra de Irak. Según el periodista independiente de CUBANET, Alberto Méndez Castelló, la decisión la tomó el fallecido dictador, el 14 de marzo de 2003, expresando ¨Bueno señores, se acabó la tolerancia y la impunidad, hay que responderles¨.
Sobre las causas de las detenciones se han barajado diversas hipótesis. La versión oficial, respondía a la necesidad del gobierno cubano de defenderse de las agresiones internas de los mercenarios al servicio del imperialismo norteamericano y frenar en seco el aumento de la subversión sirviendo de disuasión. Lo cierto es que la disidencia cubana se encontraba en un momento de auge, aumentando las denuncias por violaciones de los derechos humanos y creciendo proyectos cívicos como el Proyecto Varela, mediante el cual se recopilaron más de 10 000 firmas para solicitar a la Asamblea Nacional del Poder Popular la iniciativa legislativa a fin de introducir importantes reformas legales a favor de la ciudadanía. También otras hipótesis se refieren a las contramedidas que debió emplear el gobierno cubano para contrarrestar la captura en Estados Unidos de los cinco espías y tener así una moneda de cambio para negociar la futura liberación de los cinco agentes. Hubo quien habló de ¨las cuentas de bodegueros¨ que arrojaban 15 activistas cubanos presos por cada ¨héroe prisionero del imperio¨. Incluso se trasladó a los 75 prisioneros a prisiones alejadas de sus domicilios como penalidad adicional y en respuesta a los traslados a penitenciarías lejanas, de los 5 espías cubanos en los Estados Unidos.
Particularmente no creo que se hayan repartidos cuotas de procesados por provincias, sino las referencias que tengo al respecto es que se bajó la orientación a las fiscalías provinciales en una reunión tomada días antes de las detenciones, en la sede de la Fiscalía General de la República. De esa forma los fiscales provinciales tuvieron cierta autonomía en escoger a los encausados, sobre todo, aquellos que estuvieran documentados previamente como difusores de denuncias sobre los derechos humanos, receptores de dinero del exterior o visitantes asiduos de embajadas promotoras de los derechos humanos, particularmente la entonces Sección de Intereses de Estados Unidos (SINA). Una cosa sí quedó muy clara, todos los procesados tenían un dossier muy amplio de varios años de data en los archivos del Departamento de la Seguridad del Estado, que permitió la confección en tiempo récords de las acusaciones fiscales, que por cierto no mostraron uniformidad alguna, quedando una enorme disparidad de tipificaciones penales sobre los mismos hechos en dependencia de la provincia actuante. Así algunas presentaron la acusación al amparo del artículo 91 del Código Penal, delito de actos contra la independencia o la integridad territorial del estado y otros fueron sancionados por la llamada Ley 88 de Protección de la Independencia y la Economía Nacional (Ley mordaza).
Normando Hernández
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Mario Enrique Mayo
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Concretamente en Camagüey la Primavera Negra comenzó el 18 de marzo de 2003, con el arresto de cuatro periodistas independientes y activistas por los derechos humanos. Estos fueron Normando Hernández González, Mario Enrique Mayo Hernández, Alejandro González Raga y Alfredo Manuel Pulido López. Normando nació el 21 de mayo de 1969 en Camagüey y fue el más joven prisionero del grupo de los 75. Era periodista independiente desde 1995 y reportaba para diversos medios informativos, fundamentalmente Cubanet, Radio Martí y el Proyecto Nueva Prensa Cubana. Mario nació en Camagüey en el año 1965 y era abogado de profesión pero fue expulsado de su trabajo por sus ideas políticas. Se incorpora al periodismo independiente en el año 2000 colaborando con el Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey junto a Normando, así como colabora con Cubanet, Radio Martí y Nueva Prensa Independiente hasta que funda la Agencia de Prensa Independiente Félix Varela, convirtiéndose en uno de los periodistas independientes más activos de Camagüey. Alejandro nació en Camagüey a comienzos de 1958, artesano privado, desde 1998 lideró diversas organizaciones pro derechos humanos. También fue activo periodista independiente y líder del Movimiento Cristiano Liberación en la provincia de Camagüey, destacándose en la recogida de firmas para el Proyecto Varela. El Dr. Pulido nació en Camagüey en el año 1961 y era el único de los cuatro encausados que trabajaba para el gobierno como estomatólogo de la Clínica del Reparto Previsora donde gozaba de prestigio y era muy querido por sus pacientes por los servicios profesionales prestados. Además pertenecía a la Fraternidad Masónica realizando altruistas labores fraternales. El Dr. Pulido desde 1998, era una espina atravesada en la garganta de las autoridades camagüeyanas por su condición de trabajador de la salud y posición vertical que lo llevó a formular numerosas denuncias por violaciones de derechos humanos y se caracterizaba por acudir a los organismos competentes, entiéndase Fiscalía General de la República, Ministerio de Justicia y otros similares para protestar vehemente por las violaciones de los derechos humanos.
Alejandro González
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Alfredo Manuel Pulido
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Alejandro y Pulido fueron los primeros detenidos en Camagüey en horas de la mañana, luego detienen a Mario también en Camagüey y finalmente es arrestado Normando en Vertientes, donde residía desde hacía varios años. Entonces comenzó el proceso judicial caracterizado por su carácter sumarísimo quedando todos los términos procesales acortados a la voluntad del Tribunal, al extremo que a los abogados defensores se les concedió solamente horas para estudiarse el voluminoso sumario y evacuar las conclusiones provisionales de la defensa. Este término para que el lector tenga una idea, es habitualmente de cinco días hábiles, sin contar los sábados ni los domingos que son inhábiles en el procedimiento penal cubano.
De esta forma el 4 de abril del 2003, se efectuó la vista pública y oral en la audiencia de Camagüey, en medio de un aparatoso despliegue policial para evitar cualquier acto de protesta pacífica. Ese día permanecieron apostados de forma pacífica en las afueras del Tribunal Provincial, familiares, amigos y miembros de organizaciones pro derechos humanos, así como hermanos masones, para apoyar a los reos y conocer los resultados del juicio.
Para efectuar el juicio se constituyó la Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado, presidida por Ramón Rodríguez Bernal, acompañado por José Felipe García Montero y Máximo Oñoz Nápoles como jueces profesionales y los jueces legos fueron Alberto León Cabrera y Hedí Ávila Rondón. Las fiscales fueron Ana Hernández Mur y María Isabel Toledo Goñi. Los abogados defensores fueron Alberto Miguel Gómez Pérez, Oscar de la Torre Blanco, Clemente Morgado Machado y Walfrido García Pérez. Durante la celebración del acto judicial los acusados mantuvieron una postura muy digna reconociendo la publicación de noticias y denuncias reales pero defendiendo su derecho a expresar libremente sus opiniones y a denunciar las violaciones de los derechos humanos previstos en la correspondiente convención de la que Cuba es signataria. Particularmente se destacó Mario Mayo por su postura provocadora y sarcástica al punto que fue advertido en varias oportunidades de que sería retirado del juicio y que el mismo seguiría en su ausencia. Por ejemplo en los interrogatorios Mario aprovechando su conocimiento del idioma inglés, corregía constantemente a los fiscales en su pronunciación sobre el nombre de funcionarios norteamericanos de la SINA. Básicamente la extensa acusación se resumía en condenar la supuesta intención de los acusados de lograr una condena internacional contra Cuba en el seno de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que esta acción sirviera de pretexto para una intervención militar de los Estados Unidos contra Cuba. También los fiscales dedicaron mucho tiempo a citar libros del periodista colombiano Edgar Ospina sobre la contribución monetaria del gobierno de los Estados Unidos a la disidencia cubana, calificando a los acusados de mercenarios al servicio del imperio.
Las pruebas estaban sustentadas en las denuncias monitoriadas a los acusados, sus visitas a la SINA, el recibo de remesas de dinero de Estados Unidos y las declaraciones de los testigos. El testigo Adrián Eduardo, como periodista informático del semanario Adelante, manifestó que ¨por curiosidad¨ seguía las denuncias que formulaban en la internet los acusados terjiversando la realidad cubana, desde su trabajo en el Periódico oficial Adelante, demostrando de esa forma ser un testigo manipulado porque nadie en Cuba puede acceder desde centros laborales a ¨sitios subversivos¨ si no está debidamente autorizado. Un profesor de la Escuela Provincial del Partido Comunista de Cuba, calificó de subversivas las noticias que transmitían los acusados, unos vecinos de Mario se refirieron a las visitas de diplomáticos estadounidense a su casa y el Instructor de la Causa 1/2003, Fabián Morciego Lezcano, repitió machaconamente los mismos argumentos. Cuando todo parecía haber terminado, el Tribunal sacó debajo de la manga un testigo de oficio de la Sala, a Otuardo Hernández Rodríguez, el agente Yanier de la Seguridad del Estado. La expectación colmó la Sala de Juicio esperando las revelaciones de Yanier quien en realidad poco aportó repitiendo los mismos argumentos del Instructor sin aportar un sólo dato concreto. En realidad hacía tiempo que Otuardo no engañaba a nadie y los acusados habían cortado todo vínculo con el mismo porque se rumoraba que era un soplón o chivato como se dice en Cuba. De esa forma el proceso quedó concluso para sentencia, dictándose por el Tribunal severas sanciones contra los acusados, 25 años de privación de libertad contra Normando, 20 contra Mario, 14 para Alejandro y también 14 contra el Dr. Pulido. Sobre la ridícula sentencia condenatoria 1/2003 que parece más una diatriba ideológica que un documento técnico, comentaré un sólo pasaje que mueve a risa si no fuera por la gravedad de lo que significó para la vida de los acusados. En el Apartado C del Primer Resultando Probado se recoge los ¨beneficios¨ que recibía el Dr. Pulido por su actividad opositora y cito ¨Además, este acusado recibió a través de la Agencia Va Cuba de la División CUBAPACK, desde Miami, un paquete con un valor de 90 dólares USD destinado a los familiares de los presos contrarrevolucionarios, con lo que pretendía obtener un reconocimiento entre la población¨.
Como anónimo testimonio curioso recogí el dicho de uno de los presentes en la Sala de juicio quien refirió que ¨Durante un receso de la vista para almorzar, permanecí en la Sala cerca del estrado del Tribunal y llegó la entonces presidenta del Tribunal Provincial, Magalys Hernández Baquero, quien entró muy excitada y se dirigió a los miembros del tribunal juzgador diciendo: !Me llamó, hablé con él! Esta emoción en una persona del relieve de la dama de hierro, me confirmó que provenía de conversar telefónicamente con Fidel Castro, quien obviamente controlaba personalmente los detalles de la macabra operación¨.
La prisión fue una dura prueba para los cuatro luchadores por la democracia en Cuba. Sufrieron toda clase de vejámenes y malos tratos. Sobre este particularmente no voy a extenderme porque existen varios libros y entrevistas de los sancionados sobre esta etapa de prisión, en la que todos fueron trasladados repetidamente a prisiones alejadas de sus casas, castigando así a sus familiares.
El primero en ser excarcelado fue Mario Mayo, quien salió de prisión por licencia extrapenal el 1 de diciembre de 2005 tras 27 meses de cruel confinamiento. Mario desarrolló una demencial rebeldía que lo llevó a realizar varios intentos suicidas, por suerte fallidos, pero que obligó a las autoridades cubanas a liberarlo, antes que responder por su muerte a la opinión pública internacional. Los restantes sancionados obtuvieron su libertad en el año 2010, tras 7 años de prisión, en virtud de las negociaciones realizadas por el gobierno de España y Cuba con la mediación de la Iglesia Católica Cubana. Con severos daños a la salud, partieron de la prisión a Madrid con sus familiares, comenzando una nueva vida. Ninguno de los cuatro sancionados ha podido regresar a Cuba.
Actualizando la vida de los principales protagonistas de este proceso diremos que Mario se encuentra en Las Vegas, USA. El Dr. Pulido está en Portland, USA. Por su parte Normando reside en Miami, donde fundó y dirige el Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa, así como la Fundación Cubana para los Derechos Humanos. Fue acreedor en ausencia durante el 2007 del premio de Derechos Humanos Dr. Rainer Hildebrandt y en el 2010 recibió el premio internacional del PEN Club Catalán. Alejandro es Secretario Ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y reside en Madrid, España. El agente Otuardo Hernández recibió como premio a su labor una vivienda en la Plaza de la Caridad en Camagüey, donde reside actualmente. El ciberpolicía Adrián Eduardo recibió un auto Lada como recompensa y continúa combatiendo desde sus perfiles públicos en las redes sociales.
Para la realización de este artículo tomé como fuentes documentales la sentencia del proceso publicada en el libro Juicios a opositores pacíficos en Cuba Terrorismo de Estado, el libro de Alejandro González Raga Pasión, prisión y destierro, memorias de un prisionero político cubano y El arte de la tortura. Recuerdos de un expreso de conciencia cubano de Normando Hernández González. También tuve en cuenta testimonios publicados en internet de los sancionados, así como testimonios de amigos y familiares que residen en Cuba. Las fotos de los encartados fueron tomadas de sus perfiles públicos de facebook.
Como conclusiones enumero las siguientes:
1- El juicio de los 75 en Cuba fue una farsa jurídica ordenada por Fidel Castro Ruz encaminada a reprimir la disidencia interna y tener una moneda de cambio para negociar la liberación de los cinco espías, lo cual finalmente se logró pero entregando otros prisioneros a cambio.
2- Lo mismo que se hizo una vez, puede suceder nuevamente, que el gobierno cubano, cuando se vea amenazado, tome a sus propios ciudadanos como rehenes por causas políticas y así amedrentar a la disidencia interna, actuando dentro de un marco de aparente legalidad.
3- Que en cada provincia del país, debe documentarse detalladamente el proceso de los 75, para la mejor comprensión futura de la primavera negra y proceder a eventuales indemnizaciones a los perjudicados.
4- Se debe documentar y exponer a la opinión pública los manipuladores de las farsas jurídicas, no para cobrar venganza, sino para exponerlos ante la opinión pública internacional y asuman su responsabilidad moral por el daño cometido.
Camagüey 4 de abril de 2018
